Los vecinos de la Cortapisa estudian la posibilidad de intentar legalizar la zona y tener agua potable en sus parcelas

Las parcelas y casas construidas en la zona de la Cortapisa también se han visto afectadas por la escasez de agua y por el hecho que salgan turbias, incluso embarradas, y no puedan hacer uso de la misma, algo que los vecinos también achacan, entre otras cuestiones, a la proliferación de cultivos en intensivo en las inmediaciones.

Este problema se ha visto agravado desde principios de junio, que ha sido cuando algunos vecinos comenzaron a hacer las primeras indagaciones de lo que allí estaba ocurriendo, pues sus pozos, en los que nunca ha faltado el agua, ahora tienen problemas de abastecimiento.

Uno de sus objetivos principales es traer agua potable a esa zona, muy concurrida y habitada a pesar de su situación de ilegalidad, aunque sus vecinos, por otra parte, pagan los correspondientes tributos por ellas.

Pero para acometer este punto y comenzar con las canalizaciones de agua, primero han de llevarse a cabo otras actuaciones necesarias, como es su legalización.

Ley LOTUS

Algunos vecinos ya se han puesto en contacto con el portavoz del grupo socialista Juan Barrientos, con quien han mantenido algunas reuniones, para ver si efectivamente existen soluciones viables a esta problemática. Para ello, Barrientos ha contactado con la parte técnica de Urbanismo del ayuntamiento, con técnicos de Junta de Extremadura y con arquitectos.

«Ahora habría una posible solución con la ley LOTUS (Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura) de la Junta de Extremadura. Para ello se ha de redactar un Plan Especial de Ordenación del Territorio donde se recogerían todos los datos de las parcelas, construcciones y servicios básicos de los que disponen, así como, la situación de los diferentes caminos y viales de la zona. Este plan se presentaría al ayuntamiento para su posterior tramitación con la Junta de Extremadura, que es en definitiva quien lo aprueba». Así lo explicó Juan Barrientos en una última reunión mantenida con algunos vecinos, así como les indicó que ya se ha comunicado a los técnicos municipales la intención de llevar a cabo este proyecto.

Está aún pendiente de presentar este posible proyecto al Equipo de Gobierno, algo que indican se hará cuando los vecinos lleguen a un acuerdo y tengan un proyecto en firme: «Estamos intentando recopilar toda la información para presentar al ayuntamiento un proyecto viable, con el que todos los vecinos estemos de acuerdo y podamos legalizar la zona y con ello traer hasta aquí las canalizaciones del agua, tras pagar entre todos su ejecución», explica Curro Guerrero, uno de los vecinos afectados que insiste en la importancia de la unión de todos los propietarios para hacer frente a esa situación, que ahora podría tener una solución asequible para todos, así como en la buena disposición que ha mostrado el Ayuntamiento.

Llegada de agua potable

En dicho plan especial se tendría que recoger la ejecución del proyecto de canalización de agua potable, al igual que las parcelas que van a instalar sus acometidas. Una vez aprobado el mismo, los vecinos ya podrían comenzar los trámites con Aqualia, la empresa encargada de gestionar el servicio de aguas en la localidad.

El coste económico de este Proyecto de legalización y canalización de agua potable podría ascender a unos 350.000 euros, según estiman los arquitectos que están valorando el proyecto. Este coste debe ser abonado por la parte privada, que según estiman, pueden ser unos 100 propietarios con lo que se conseguiría repartir el coste para que pueda ejecutarse.

Si los vecinos finalmente acuerdan ejecutar el proyecto, antes de nada deberán conformarse en cooperativa o asociación de vecinos. La mayoría han mostrado ya su disposición para seguir adelante con todo este proceso, sobre todo porque en el caso de la legalización, se haría por unidad de ejecución, así se evitarían posibles problemas o conflictos entre vecinos.

«Quizás lo que más eche para atrás a algunos propietarios sean los temas de pagos, pero se puede hablar con las administraciones y empresas implicadas en su ejecución para poder pagar en cómodos plazos y que no sea tan gravoso para nosotros esta actuación que sin duda nos va a beneficiar a todos», finaliza Curro Guerrero.