ana magro
Miércoles, 10 de octubre 2018, 21:46
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Este miércoles -10 de octubre- se ha celebrado en Badajoz el juicio penal contra la empresa Greeenfuel Extremadura S.A. por la comisión de un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Los hechos objeto de enjuiciamiento van referidos a un vertido de aguas residuales que llegó al cauce público, acontecido en el mes de mayo de 2014. La causa de dicho incidente fue un fallo del sistema de depuración de las aguas residuales de la planta de biodiesel de Los Santos de Maimona, instalación que por aquel entonces estaba en fase de pruebas. En el momento en que la industria tuvo conocimiento de la existencia de dicha afección al medio, procedió de forma inmediata a la reparación de sus consecuencias. Una vez la industria reinició su actividad productiva, que genera más de 30 puestos de trabajo, no se ha vuelto a producir ningún suceso de dichas características, -recuerda la empresa en nota de prensa.
Por dicho vertido el Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación, interesó la suspensión de la actividad de Greenfuel Extremadura S.A. por un período de dos años, la imposición de una multa de 60.000 euros, así como el pago de 26.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños causados al dominio público hidráulico.
Ecologistas en Acción, en su condición de acusación particular en el proceso, mostró su conformidad con las penas solicitadas por el fiscal, si bien pretendía una sanción de multa de 100.000 euros. En cambio, la empresa pidió su absolución por cuanto consideraba que dicho incidente no merecía sanción penal alguna.
Greenfuel ha informado en nota de prensa que finalmente, la Fiscalía, Ecologistas en Acción y Greenfuel Extremadura, S.A. han alcanzado un acuerdo por el que se impone a la empresa una multa de 26.000 euros y la obligación del pago de otros 26.000 euros por los daños ocasionados al dominio público hidráulico, así como las costas ocasionadas a la acusación particular. La modificación de las penas solicitadas por las acusaciones pública y privada se fundamenta en la reparación voluntaria efectuada por la empresa, garantizándose de este modo con dicho pacto la continuidad de la actividad industrial. En méritos del citado acuerdo, la Juez del Juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz ha dictado sentencia en los términos interesados por todas las partes.
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